Salud propone modelo que combate la dependencia a las drogas

 

  • Ministra de Salud de Costa Rica, Daisy Corrales Díaz expuso en la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).

 

La Ministra de Salud (der), Daisy Corrales Díaz, durante la ponencia dentro del marco del Quincuagésimo Segundo Período ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).La Ministra de Salud, Daisy Corrales Díaz, tuvo participación hoy durante la Segunda Sesión Plenaria del Quincuagésimo Segundo Período ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) desde el enfoque de la Salud Pública, específicamente en lo que contempla el Sistema Integral de Servicios de Atención de la Dependencia de Drogas.

 

La ponencia fue introducida por la Dra. Corrales, Ministra de Salud, y moderada por David K. Mineta, director adjunto, Reducción de la Demanda, Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP), Oficina Ejecutiva de la Casa Blanca.

 

Además, como presentadores figuraron la Dra. Patricia Orozco, directora del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Dra. Francisca Florenzano de SENDA; así como Aldemar Parra, coordinador Reducción de la Demanda, Ministerio de Salud y Protección Social, Colombia.

 

El objetivo de la misma fue identificar los componentes claves que deben conformar los Sistemas Integrales de Servicios para usuarios de drogas, tomando en cuenta que en cada país hay variaciones en cuanto a la medida en que los elementos del sistema social se integran, se traslapan o se complementan y satisfacen las necesidades de sus poblaciones beneficiarias.

 

“Costa Rica apuesta por un modelo basado en la prevención, la atención comunitaria temprana y oportuna y considerando los principios de equidad universalidad y equidad que distinguen el accionar en el país”, explica la Dra. Daisy Corrales Díaz, Ministra de Salud.

 

El abordaje integral de la enfermedad adictiva como problema de salud pública implica una reducción de la demanda de consumo de sustancias psicoactivas y una disminución en sus repercusiones individuales, familiares, comunitarias, sociales, económicas y de seguridad.

 

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