La orden del Ministerio de Salud en el sentido de que los tratamientos con células madre deben ser objeto de una autorización previa por tratarse de una investigación en seres humanos, cuenta con suficiente fundamento legal y constitucional, que busca garantizar la efectiva tutela del derecho a la vida y a la salud de los pacientes, mediante el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la Ley General de Salud.